Si la cuestión de la inseguridad fuera un problema simple, sencillo de resolver con medidas obvias, como las que sugiere cierto sentido común o, mejor dicho, cierta visión mecanicista o reduccionista del problema, los distintos gobiernos de muchos países de la región y del mundo ya lo hubieran solucionado. En realidad, el tema es de gran complejidad. Vamos a intentar ofrecer un punto de vista que trate de dar cuenta de dicha complejidad y ofrecer algunas ideas con visión política.
Las  ideas  simplistas  y unilaterales acerca del modo de resolver el problema del delito y la criminalidad se manifiestan exasperadamente al grito de ¡basta de impunidad! o ¡aumenten las penas! O ¡que vuelva el servicio militar obligatorio! o ¡que los militares intervengan en la “lucha” contra el delito!
Este enfoque parte de un gran supuesto: que el hombre es malo por naturaleza, que las civilizaciones modernas están poniendo más agresivo este atributo y que sólo mediante la represión es posible combatir el delito. Y, en forma complementaria, cómo nada se puede hacer en conjunto y organizadamente, se instituye un sálvese quién y como pueda, encerrándose en barrios ya no cerrados, sino fortificados y armándose hasta los dientes.
Todo ello distorsiona la percepción profunda del fenómeno y, muchas veces a través del discurso político y/o de la espectacularización mediática, opera como encubrimiento de las causas y del accionar de las instituciones pertinentes a la problemática.
Correr este manto distorsivo es fundamental para poner en evidencia que el tema de la inseguridad exige, para su solución, un programa de amplio espectro con componentes económicos, políticos y sociales que afecten no sólo intereses económicos -desde el ángulo redistributivo- sino también estructuras eslabonadas del delito que han ido conformándose como organizaciones económicas.
Vamos a referirnos, en primer lugar, al tema de la inseguridad en su expresión  más común y cotidiana. Nos referimos a la inseguridad en las calles y en los barrios, a esa incertidumbre que afecta en forma directa a la gente y, particularmente, a los más humildes. A quienes un robo o un hurto los privan de cosas esenciales y que, además, son justamente los que menos recursos tienen para proteger su propiedad y su integridad.
Debemos reconocer que existe una relación directa entre marginalidad y violencia. Es decir, hay una estrecha relación entre la cantidad de robos y hurtos que se cometen cotidianamente en las barriadas populares, y en distintas zonas comerciales de las  grandes ciudades, y la situación social de miles de personas, particularmente jóvenes varones de entre quince y treinta años que se encuentran sin trabajo, sin escolaridad y sin ningún tipo de contención social; y muchas veces también sin contención familiar, así como tampoco de vecinos o círculo social alguno.
Al decir esto, no estamos “criminalizando la pobreza”, como algunos sostienen, ya que cuando hablamos de estos sectores marginales no involucramos a la inmensa mayoría de quienes padecen carencia de recursos en nuestro país y que, a pesar de sus duras condiciones de vida, luchan y trabajan diariamente  con dignidad frente a la adversidad. Éstas son, en realidad, las primeras y principales víctimas de la inseguridad y la violencia.
Además, al referirnos a estos sectores, principalmente  juveniles, no estamos de ningún modo sugiriendo que la solución sea criminalizarlos; es decir, reprimirlos.
Lo que estamos afirmando es que una solución urgente del problema de este tipo de delitos debe empezar por un programa también urgente de atención a estos adolescentes y hombres jóvenes, que no tienen ninguna maldad por naturaleza sino que se encuentran acorralados en un brete material y cultural que no les da opciones. Su forma de involucrase en el delito no es más que la consecuencia lógica -y lo sería para cualquiera que se encontrara en la situación de ellos- de escape, de salida de acto de vida que les queda con los recursos vitales que tienen y en el escenario vital que se les presenta.
Esto se puede y se debe solucionar urgentemente. Para eso, primero hay que reconocer esta realidad superando prejuicios. Los primeros que no quieren reconocer esta vinculación entre marginalidad y violencia son aquellos que tienen responsabilidad directa desde sus posiciones de poder económico y/o político. Son los mismos actores sociales que pretenden que el esquema de redistribución de la riqueza permanezca sin alteraciones; son quienes instalaron este esquema, principalmente, en los años noventa (que fue, precisamente, el período en el cual este tipo de hechos aumentó sustancialmente).
De todos modos, no sería bueno postergar los tipos de acciones que se requieren para tener impactos positivos en relación con este problema, para cuando se instrumente el también necesario, pero más complejo, cambio general del esquema redistributivo del país.
Hay una relación más que evidente entre el aumento de los indicadores sociales negativos (población bajo la línea de pobreza, población bajo la línea de indigencia, desocupación, deserción escolar, etcétera) y la tasa general de robos y hurtos. Cuando la desocupación se disparó en 1994/1995, estos delitos se cuadruplicaron, y en las crisis de 2001/2002 se sextuplicaron respecto de lo que habían sido sus niveles históricos hasta los años setenta. Por otra parte, es evidente que son cometidos en su mayoría por población marginal masculina, básicamente, en la franja etaria de los diecisiete a los treinta años, y los niveles de violencia que conllevan estos hechos se agravan a medida que la marginalidad se hace más crónica  (segunda o tercera generación de desocupados y desescolarizados), que aumenta el consumo de tóxicos (alcohol, drogas, paco), producto de la cultura de la época neoliberal y, también, conforme al aumento de las medidas de seguridad y la resistencia de las víctimas. De esta situación son responsables, principalmente, las políticas neoliberales.
Hay dos grandes grupos de ideas y soluciones que sustentan mi posición. En primer lugar, la prevención llamada situacional, es decir, medidas de seguridad, vigilancia y control no invasivo que disuadan la comisión de este tipo de hechos delictivos, especialmente, el mejoramiento y uso racional e intensivo de los recursos policiales existentes. En segundo lugar, la prevención llamada social, que implica la creación de programas y recursos para presentar alternativas y contención a la población en riesgo de involucrarse en actividades delictivas de este tipo (o que ya esté involucrada). 
Claro que, en forma simultánea, hay que hacer más eficiente la labor de los cuerpos de seguridad, de la justicia y del sistema carcelario. Estoy de acuerdo con la necesaria reestructuración y modernización de todas las policías del país. Pero, también, es sumamente relevante implementar mecanismos participativos de la comunidad, focalizados en la atención de problemas concretos de seguridad de cada lugar y no en discusiones abstractas o de una generalidad que no sea controlable por los directamente involucrados.
Propiciamos la idea de creación de “consorcios de seguridad”, con la participación activa de los vecinos de cada zona que, junto al poder político local y a la justicia, conformen un espacio de relación con las fuerzas de seguridad para garantizar las acciones de prevención del delito.
Se trata de un modelo que pretende avanzar por el camino de la democracia y de la participación ciudadana.